Ante la situación de crisis que vive el país, REPENSAR PANAMÁ expresa:
1. Más de una semana de multitudinarias manifestaciones en todo el territorio demuestran claramente el rechazo de la mayoría de la sociedad al contrato entre el Estado y la sociedad Minera Panamá S.A. Reconocemos que la falta de atención de los gobiernos a los diversos problemas estructurales y coyunturales que agobian a la sociedad, tales como la pobreza, las inequidades, la mala distribución de los ingresos, los temas ambientales, la corrupción, la impunidad, la falta de oportunidades de trabajo para los jóvenes, los altos niveles de violencia e inseguridad ciudadana, la reivindicación de la soberanía popular como mecanismo de control en la democracia representativa y la autodeterminación del país, unidos al malestar generalizado por la forma como se aprobó, sancionó y publicó la Ley No. 406 o contrato de concesión minera, han constituido el detonante fundamental de las protestas y manifestaciones realizadas por diversas organizaciones de la sociedad.
2. Consideramos que las manifestaciones recientes de diferentes sectores de trabajadores, profesionales, gremios y especialmente las lideradas por los jóvenes que han salido a defender su futuro desde una visión comprometida con el medio ambiente, expresan el surgimiento de una nueva conciencia nacional que merece el reconocimiento de la sociedad.
3. Suscribimos el derecho del pueblo a manifestarse y protestar, de manera cívica y pacífica, para dejar escuchar su voz y exigir el cumplimiento de compromisos de quienes regentan los órganos del Estado, pero permitiendo siempre el libre tránsito para evitar la interrupción de la cadena de suministro de bienes y servicios, la educación y la atención médica, porque de no hacerlo la más afectada será la población más vulnerable.
4. Reprochamos la infiltración de elementos que promueven el vandalismo y actos delictivos dentro de las protestas que de manera cívica y pacifica se vienen realizando, al tiempo que hacemos un llamado urgente para lograr acuerdos duraderos que garanticen paz y estabilidad a todos los ciudadanos.
5. Por el respeto a la institucionalidad democrática, invitamos a la población a permitir que la Corte Suprema de Justicia, cumpla con su responsabilidad conforme establece la ley.
6. Exhortamos al gobierno nacional a que de manera responsable lleve a cabo una consulta pública para que el pueblo decida si quiere que Panamá sea o no un país minero. La consulta podría considerar también como alternativa la aprobación de una ley de moratoria minera.
7. Recomendamos la creación de una institución autónoma con recursos, competencias, capacidades técnicas y humanas que le permita monitorear y auditar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales y económicas derivadas de la explotación de nuestros recursos naturales, la cual deberá rendir al país cuenta de su gestión y estará integrada por miembros de la sociedad civil, entidades territoriales, la comunidad científica y académica y el gobierno nacional.
8. Reiteramos nuestra recomendación de que los panameños establezcamos las bases de un nuevo PACTO SOCIAL que sirva de soporte jurídico-institucional a un nuevo proyecto de país que atienda los graves problemas que aquejan a la sociedad. Los firmantes:
Julio Bermúdez Mosquera
Aracelly De Gracia
Miguel Del Cid Molina
Alexis Dixon Rodríguez
Fernando Martínez
Alma Montenegro
Argentina Ying
Marelisa Tribaldos
Juan Moreno Lobón
Juan David Morgan
Jorge Arosemena
Stanley Motta
Eduardo Pazmiño
José Javier Rivera
Ivanor Ruiz
César A. Tribaldos G.
