Mediante la Ley 51 del 2005 se aprobó un paquete de reformas al régimen de la Caja de Seguro Social que se esperaba permitirían un respiro financiero a la institución por cerca de 20 años. Sin embargo, apenas una década después, expertos advertían que el sistema de pensiones marchaba hacia la quiebra como consecuencia de cambios significativos en algunos parámetros demográficos: esperanza de vida, la caída relativa en el nivel de cotización de la fuerza de trabajo y el creciente número de pensionados por cada nuevo cotizante. También contribuyeron al descalabro de la institución el despilfarro, el clientelismo político y la corrupción. Frente a esta realidad, el gobierno se vio en la necesidad de convocar a un diálogo nacional por la Caja de Seguro Social circunscrito a tres temas: “invalidez, vejez y muerte, incorporación de los informales y administración”. Sin embargo, se trata de una convocatoria con condiciones y restricciones que impedirán el indispensable tratamiento integral de los problemas de la institución. Consideramos que un esfuerzo nacional serio para salvar la Caja de Seguro Social debe partir de un diálogo abierto, democrático y sin condiciones que pueda evaluar objetivamente todos los programas de la institución, que permita dimensionar cada uno de sus problemas y desafíos y proponga soluciones efectivas. En él deben participar, a través de sus organizaciones, todos los sectores y actores institucionales a fin de generar soluciones que permitan maximizar la eficiencia y humanización en la prestación de los servicios de salud, la provisión ininterrumpida de medicamentos y aseguren la sostenibilidad financiera de la institución. Para ello el diálogo debe conducir a compromisos y acciones que propicien una máxima cobertura de la fuerza de trabajo; minimicen y sancionen la evasión en el pago de las cuotas obrero-patronales; aseguren la contribución financiera que le corresponde al Estado; provean a la institución de una gobernanza y administración eficientes y transparentes, ajena a la política partidista; aseguren un manejo que permita inversiones seguras y redituables de sus activos y reservas, y concierten un programa de pensiones sostenible, consistente con los objetivos de desarrollo económico y social a que aspiran las mayorías.
Al mismo tiempo, el diálogo debe brindar la oportunidad a la sociedad panameña de repensar su futuro para debatir más ampliamente sobre el cumplimiento de la obligación constitucional del Estado de brindar protección y seguridad social a todos los panameños. Alrededor de la mitad de la fuerza de trabajo no cotiza a la Caja de Seguro Social, está fuera de las redes de protección institucional y no percibirá en el futuro una pensión contributiva. Y aunque muchos de ellos reciben los beneficios de algunos subsidios, esas asignaciones no son parte de una política coherente de protección social ni son suficientes ni sostenibles en el largo plazo.
Abogamos por un diálogo que conlleve a reducir efectivamente las brechas de desigualdad y pobreza que persisten en nuestro país como consecuencia de la irresponsabilidad política imperante durante las últimas décadas. La letra y espíritu de lo acordado debe ser honrado por los legisladores al momento de aprobar la ley que corresponda, porque de lo contrario será otra burla a la sociedad panameña y socavará aún más la deteriorada confianza en las autoridades.
Los firmantes:
Julio Bermúdez Mosquera
Juan Moreno Lobón
Elberto Cobos
Juan David Morgan
Aracelly De Gracia
Jorge Arosemena
Miguel Del Cid Molina
Stanley Motta
Alexis Dixon Rodríguez
Eduardo Pazmiño
Mario Galindo
Juan Planells
Fernando Martínez
José Javier Rivera
Alma Montenegro
Ivanor Ruiz
Argentina Ying
Rubén Darío Sousa
Marelisa Tribaldos
César A. Tribaldos G.
